SIP lamenta el asesinato de 15 periodistas durante los últimos seis meses
Por Juana De Jesús
FLORIDA, 21 abril, 2022 (ADPRESS).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas, ya que en los últimos seis meses fueron asesinados 15 periodistas (10 en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras).
Agregó que trece de ese total de muertes ocurrió en los tres primeros meses de 2022. “La impunidad de esos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia”, puntualizó.
Esas y otras revelaciones están contenidas en las conclusiones de la reunión de medio año de la SIP, celebrada de modo virtual del 19 al 21 dl corriente mes.
Víctimas de la persecución y la represión
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son, con inusitada frecuencia, víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios.
Las agresiones incluyen el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua –tres reporteros y tres directivos de La Prensa y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba.
La SIP aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana.
La prensa independiente sufre allí persecución sistemática, opresión y censura generalizada, atrocidades derivadas del secuestro de los poderes públicos y de la demolición de las estructuras de la sociedad civil.
«El gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación», sostiene la resolución al exponer algunas de las atrocidades perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El plan de acción incluye, entre otros puntos, «solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana».
Pedirán liberación periodistas
Se reclamará a las embajadas de Nicaragua en cada país que se libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa,Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
A las confiscaciones de Confidencial y 100% Noticias, ocurridas antes de este semestre, se sumaron la de La Prensa, también en Nicaragua, y la de El Nacional, en Venezuela.
También generaron preocupación los atentados incendiarios contra cuatro medios, dos en Argentina y dos en Colombia. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital. El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, usó el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación.
El régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, bloqueó portales de internet y censuró el acceso a la red en forma general, valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales.
La Reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la «clandestinidad de publicaciones».
Proyectos restrictivos surgieron en Aruba, con la Ley de Medios, y en El Salvador, con el estatuto contra pandillas que criminaliza a medios y periodistas.
Otro foco de atención es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada también por otras autoridades y dirigentes en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
Casos de Brasil y Perú
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno del caso Lava Jato y otras coberturas sobre corrupción pública.
El mandatario peruano y sus ministros amenazan reiteradamente a los medios críticos con que no recibirán publicidad oficial. Amenazas por contenidos críticos se produjeron también en Guatemala, El Salvador y México.
Proliferaron las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
Grave acoso judicial se manifestó en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
En Estados Unidos, se incrementan las demandas contra medios por difamación y las citaciones judiciales a periodistas. Debido a ello, varios estados de ese país sancionan leyes para desestimar demandas costosas y sin mérito.
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