Revelan identidades implicados en red de explotación sexual de colombianas y venezolanas

La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público reveló la identidad de los implicados en la red de Trata de Personas denominada “Cattleya”, en donde se encuentran vinculados exmilitares y policías activos.

En el documento se establece que la estructura criminal obligaba a mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana a ofertar sus servicios sexuales por distintas cantidades de dinero, incluyendo los servicios de “delivery humano” una oferta que incluía transporte y traslado de la víctima al lugar indicado por el cliente para tener relaciones sexuales por un costo de RD$ 7mil pesos.

Los implicados son José Alberto Soriano, José Miguel Guridi, Daniel Enrique Abreu y Cristina González Hernández, eran los jefes y administradores; Richard Rivera Portillo y María Murillo Vargas, los encargados de captar bajo engaño a las víctimas de los citados países entre las edades de 18 y 23 años.

Mientras que el sargento de la policía Dionisio Mieses y los civiles Melvin José Valentín Peguero, Diana Ovallos, Robert Lee, Eleuterio Paniagua, María Paula Murillo Vargas, Angélica Jhoana Quintero Niño, Carlos Jonathan Walwyn Campusano, Marie Nephtalie Louis, Wilcene Oscar, entre otros, eran los promotores en redes sociales de los servicios sexuales de las víctimas.

En ese mismo orden, Alejandro Batista Bustamante y Rivera Portillo eran las custodias encargados de vigilar y monitorear los movimientos de las víctimas e impedir que estas salieran de los lugares si no era en ocasión de servicios pagados.

Por último, Yeibel Herrera Duverge y Braulio Manuel Lugo, eran los encargados de proveer drogas a las víctimas para fines de consumo obligatorio con el objetivo de facilitar la realización de la actividad sexual de las féminas.

Las victimas bajo amenazas eran obligadas a ofrecer los servicios sexuales para que pagaran las deudas contraídas por concepto de trámites de viaje a los implicados de la “Operación Cattleya” que oscilaba entre US$3,000 a US$4,000, que incluía además el valor de la droga suministrada. Si estas no lo hacían, serian denunciadas a la Dirección de Migración.