En Nicaragua existe una línea de represión y terror hacia las críticas al gobierno, dice la SIP

Por Juana De Jesús

FLORIDA, 21 abril, 2022 (ADPRESS).- En su informe semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que en Nicaragua existe lo que denominó “persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil”.

Afirma que en el país centroamericano hay más de 170 presos políticos, entre ellos la precandidata presidencial a las elecciones de noviembre de 2021 Cristiana Chamorro, y Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quienes están condenados a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente.

El gobierno ha cerrado varios diarios en el país, por haber manifestado posiciones políticas en contra del gobierno, entretanto, otro medio fue incendiado en el interior por el mismo motivo.

Sostuvo que en Nicaragua se debe seguir un plan de acción que permita restaurar las libertades de prensa y expresión, como garantías esenciales para restablecer la democracia.

Ortega no acepta críticas

La crisis institucional y social se agravó a partir de abril de 2018, cuando fueron asesinados más de 335 opositores en enfrentamientos con la Policía Nacional y grupos paramilitares, explicó.

Afirmó que, después de “ahogar en sangre” las multitudinarias protestas civiles contra su gobierno, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue endureciendo su postura ante los reclamos y las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Desde entonces, a través de una maquinaria legal que incluyó sendas leyes sobre Agentes Extranjeros, Delitos Cibernéticos y Soberanía de los Pueblos, el gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación.

Luego de encarcelar a todos los aspirantes a las elecciones de 2021, Ortega se declaró vencedor con más del 75 por ciento de los votos, en un proceso con 80 por ciento de abstención, y a partir de entonces mantiene una línea férrea de represión y terror contra cualquier expresión de crítica o disidencia.

Uno de los peores ataques a la prensa ocurrió en agosto de 2021, con la toma militar y el cierre de las instalaciones de La Prensa y la captura de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Como en todos los juicios contra disidentes, realizados a puerta cerrada, Holmann fue sentenciado a nueve años de prisión por falsos delitos y sin el debido proceso judicial.

La sentencia judicial ordena además la custodia policial de los bienes de La Prensa, lo que equivale a una confiscación ilegal y es una violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua.

Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza cumplen desde febrero condenas de 13 y nueve años, respectivamente. El comentarista televisivo Jaime Arellano también recibió sentencia de 13 años, entre otros casos.

A pesar de las sanciones políticas y económicas de nivel internacional que buscan la apertura del país, el régimen continúa cerrándose. Por ejemplo, inició el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó la presencia de observadores internacionales en las elecciones y, recientemente, expulsó a la Cruz Roja Internacional y al nuncio apostólico del Vaticano.