Denuncian todo tipo de ataques a la prensa colombiana

FLORIDA, 20 abril, 2022 (ADPRESS).- Las declaraciones de líderes políticos, consideradas agresivas y que estigmatizan a la prensa en el contexto de la campaña electoral al Congreso y la Presidencia, así como amenazas y casos de acoso judicial contra reporteros, resaltan como los hechos más destacados en contra de la libertad de prensa en Colombia.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión de medio año, señaló que, en primer lugar, “el avance de la campaña política en un contexto de polarización ideológica ha dado paso a condenables expresiones de funcionarios y candidatos hacia periodistas y medios”.

Revela que, en los últimos tres meses se documentaron 13 casos de estigmatización a medios: siete por parte de funcionarios y seis por parte de candidatos al Congreso y la Presidencia, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Detallan las agresiones

Uno de los casos más llamativos, por provenir de un aspirante a la Presidencia, es el de Gustavo Petro, líder del movimiento Pacto Histórico. Petro utilizó en Twitter la expresión “Neonazis en RCN”, en alusión a una columna crítica hacia su propuesta en materia de pensiones.

En otro incidente, el candidato presidencial Enrique Gómez Martínez dijo en Twitter que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico” en referencia a la información publicada por Vorágine, Cambio y El Espectador sobre las interrogantes que rodean una operación del Ejército que dejó 11 muertos.

La FLIP rechazó ese señalamiento y dijo que además de ser infundado, busca deslegitimar el trabajo de los periodistas, pero, sobre todo, los pone en peligro.

A finales de enero, en su perfil de Twitter, publicó, acompañada de un comentario irónico, una portada falsa de dicho periódico sin aclarar de ninguna manera que estaba reproduciendo un material apócrifo.

Las amenazas y los ataques siguen siendo un factor de alarma para el ejercicio de la libertad de prensa. El 3 de abril un carro mortuorio persiguió, durante 4 kilómetros, el vehículo de Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno. El conductor del vehículo fue abordado por la Policía y no pudo dar explicaciones satisfactorias, lo que se interpretó como un acto de intimidación.

El 19 de enero, la explosión de un carro bomba atribuido a las disidencias de las FARC destruyó las instalaciones del medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras y de la emisora comunitaria Sarare Stereo, en Saravena, departamento de Arauca.

Días antes, siete periodistas habían denunciado amenazas por parte de las mencionadas disidencias y del ELN –grupos enfrentados por el control de rentas ilegales– con las que buscaban presionarlos para que publicaran información afín a sus intereses.

En relación con el acoso judicial, una práctica cada vez más frecuente, cuatro casos prendieron las alarmas en este período. Las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas, de Cuestión Pública, fueron citadas por una denuncia en su contra del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, por revelaciones que lo comprometen y que fueron publicadas en el trabajo “Sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada”.

Un cuarto caso es el del periodista Juan Pablo Barrientos, autor de un libro en el que denuncia numerosos casos de acoso y abuso sexual por parte de sacerdotes a menores de edad. A finales del año pasado, en tan solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar la publicación de su libro. Estos procesos fueron promovidos por distintos sacerdotes del Meta.