Asesinato de periodistas, violación a la libertad de informar y ser informado, parte de la agresión a la prensa en Honduras

SANTO DOMINGO, 21 abril, 2022 (ADPRESS).- Asesinato de periodistas, violación al derecho de prensa, a la libertad de informar y ser informado, es el panorama que vive Honduras en cuanto al ejercicio del periodismo, de acuerdo con el informe ante la reunión de medio año  realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En los últimos veinte años fueron asesinados 85 periodistas o dueños de medios de comunicación, los más recientes fueron tres en 2019 y cuatro en 2020, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

El 9 de enero de este año fue asesinado Pablo Isabel Hernández Rivera, de 34 años, mientras se dirigía a la iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín, en el occidental departamento de Lempira.

Hernández Rivera era director y periodista de la radio comunitaria Tenán 94.1 F.M, La voz indígena Lenca, y en su comunidad era conocido por su cobertura crítica de asuntos de interés local.

El director ejecutivo del diario El Heraldo, Carlos Mauricio Flores, denunció ante el Ministerio Público las amenazas de muerte recibidas por el periodista de este medio, Yony David Bustillo Centeno.

En cuanto a la libertad de prensa el informe de la SIP reveló que Honduras se vio afectada durante las elecciones de noviembre debido a la falta de transparencia que ha existido en cuando a los fondos utilizados en la campaña política, pese a existir una Oficina o Unidad de Política Limpia, que exige a los precandidatos informar sobre los recursos utilizados en la campaña política.

En marzo, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Claudia Ramírez, presentó una iniciativa orientada a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) instruya a las empresas de radio y televisión nacional para que estas, «de forma obligatoria y gratuita brinden anuncios de flagelos sociales, cumpliendo así una función educativa dentro de las sociedades», subraya la iniciativa.

El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, criticó la iniciativa por ser una intromisión en los contenidos.

También, la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), rechazó la propuesta que busca imponer la difusión obligatoria de mensajes ordenados por decreto desde un poder del Estado, considerándola abusiva y populista, una manifiesta intervención a la empresa privada.

Según el informe, Honduras tenía una Ley de Secretos, que escudaba a funcionarios a no entregar documentos ni declarar obre sus decisiones administrativas, licitaciones y presupuestos, la misma fue derogada el primero de marzo.

La ley, aprobada el 24 de enero de 2014, vulneraba el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia al blindar con información reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, con 5, 10 y hasta 25 años, la información relacionada con más de 20 ministerios y direcciones de gobierno.