Los Dueños del Agua: Cómo se Privatiza el Acceso a un Derecho Vital en RD
Investigación especial de ADPRESS
En la República Dominicana, el acceso al agua potable debería ser un derecho garantizado por el Estado. Sin embargo, en cientos de comunidades rurales y periféricas, este recurso vital se ha convertido en un negocio controlado por particulares, políticos locales y mafias organizadas que operan a la sombra del abandono institucional. Esta es una investigación especial de ADPRESS que revela la preocupante privatización del agua en el país, con consecuencias directas sobre la salud, la economía y la dignidad de miles de dominicanos.
El negocio del agua rural: entre pozos, acueductos comunitarios y camiones cisterna
En provincias como Monte Plata, Azua, El Seibo, Santiago Rodríguez y San Juan, muchas comunidades dependen exclusivamente de sistemas de agua rudimentarios: pozos cavados por los propios residentes, acueductos rurales financiados en décadas anteriores por ONG o proyectos internacionales, y camiones cisterna que llegan una o dos veces por semana. Pero el problema no es la precariedad de estos sistemas, sino quiénes los controlan hoy.
Muchos de estos acueductos comunitarios fueron tomados por juntas de vecinos politizadas, que imponen tarifas arbitrarias, limitan el acceso a quienes no simpatizan con sus gestiones y comercializan el agua a negocios locales, generando lucro con un bien que debería ser universal y gratuito.
En comunidades como Mata Gorda, en la provincia Espaillat, el pozo comunitario ahora pertenece de facto a una familia que cobra RD$250 semanales por «acceso ilimitado». En Las Yayas de Azua, el acueducto rural fue asumido por un dirigente local que decide cuándo se abre la llave principal, y cobra por cada tanque llenado. En zonas urbanas marginales de Santo Domingo Norte y Este, camiones cisterna distribuyen agua a RD$200 el tinaco, controlando el mercado mediante acuerdos con autoridades locales.
La debilidad institucional: CAASD e INAPA en silencio
Pese a que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) son los entes responsables de garantizar el suministro de agua potable, muchas de estas zonas no están bajo su cobertura directa. Y en las que sí lo están, el mantenimiento de tuberías y plantas de tratamiento es tan deficiente que los ciudadanos han optado por soluciones privadas.
Según datos del Observatorio del Agua (2023), más del 32% de los hogares dominicanos recibe agua una o dos veces por semana, mientras que el 21% nunca recibe agua por las tuberías estatales. En este vacío institucional ha crecido el negocio informal del agua.
La privatización no es legal, pero es tolerada. Las autoridades municipales alegan que no pueden intervenir porque son «iniciativas comunitarias». Pero cuando estas iniciativas se convierten en monopolios de hecho, el Estado debería intervenir para garantizar el derecho básico al agua.
Salud en peligro: agua no tratada y enfermedades
El agua distribuida por camiones cisterna o pozos sin supervisión sanitaria ha provocado un aumento preocupante en enfermedades gastrointestinales, brotes de diarreas, hepatitis A y otras infecciones. En el primer trimestre de 2024, el Ministerio de Salud Pública registró un incremento del 18% en enfermedades vinculadas al consumo de agua no potable, concentrado principalmente en zonas sin cobertura de acueductos estatales.
Los camiones muchas veces cargan el agua en zonas insalubres, reutilizan tinacos sin esterilizar, y no cuentan con ningún control de calidad. En entrevistas realizadas por ADPRESS, varios conductores admitieron cargar agua de canales y ríos sin tratamiento, especialmente durante sequías.
Un negocio millonario: cuando el agua deja de ser un servicio y se vuelve mercancía
En comunidades fronterizas como Dajabón, Elías Piña y Pedernales, el negocio va más allá. Camiones cisterna cargan agua en acueductos rurales dominicanos y la revenden en Haití a precios exorbitantes. La falta de fiscalización permite este trasiego constante, mientras cientos de dominicanos de la misma zona sufren por falta de agua.
Según estimaciones de la Agencia Dominicana del Agua Rural (ADAR), este comercio informal de agua podría generar ingresos superiores a RD$400 millones anuales, con muy poca regulación y nula tributación.
Ejemplos internacionales: cuando el Estado asume su rol
En Colombia, el programa «Agua para la Prosperidad» garantizó que en 7 años el 87% de las comunidades rurales tuviera acceso permanente a agua potable bajo supervisión estatal. En Uruguay, el agua está constitucionalmente declarada como bien público, y no puede ser privatizada bajo ningún concepto.
En México, la Comisión Nacional del Agua firmó alianzas con comunidades rurales para que la gestión fuera mixta: las comunidades administran, pero bajo parámetros sanitarios, precios regulados y auditorías trimestrales. Estas prácticas podrían replicarse en la República Dominicana con adaptaciones.
Propuestas para frenar la privatización informal del agua
- Creación de una Ley de Gestión Comunitaria del Agua, que regule y audite los acueductos rurales administrados por juntas de vecinos o comités.
- Mapeo nacional de pozos, acueductos y rutas de camiones cisterna, para establecer control estatal, regulación de precios y calidad.
- Subsidios directos a comunidades rurales, para que INAPA pueda ampliar su cobertura y mantenimiento sin depender de actores locales informales.
- Campañas de educación sanitaria y denuncias comunitarias, para empoderar a los ciudadanos a exigir agua segura y denunciar la venta ilegal.
- Inversión en tecnología de potabilización, como plantas móviles o sistemas de filtrado solar, que puedan operar en comunidades remotas.
- Sanciones ejemplares a quienes trafiquen con agua para Haití sin permisos y a camiones cisterna que distribuyan agua contaminada.
El agua no es una mercancía, es un derecho
Esta investigación de ADPRESS confirma una realidad alarmante: la privatización informal del agua está creciendo sin freno, ante la vista gorda de las autoridades. El Estado dominicano está en deuda con las comunidades rurales y urbanas que aún viven sin acceso digno al agua potable.
El agua no puede seguir siendo negociada por familias, dirigentes o mafias. Debe ser garantizada por el Estado, protegida por la ley y reconocida como lo que es: un derecho humano fundamental. Si no se actúa con urgencia, lo que hoy es un negocio en la sombra podría convertirse mañana en una crisis nacional de salud y dignidad.
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