Uso indiscriminado e inadecuado de espacios públicos afecta calidad de vida ciudadanos GSD

Abuso de los espacios públicos han convertido a la capital dominicana y la provincia Santo Domingo en un caos.

SANTO DOMINGO, (ADPRESS, 5 de abril, 2022).- La calidad de vida de los ciudadanos en el Gran Santo Domingo sigue siendo afectada por el uso incorrecto de los espacios públicos pese a las leyes, ordenanzas y normativas que rigen su correcto uso.

Espacios en calles, plazas, monumentos y áreas verdes, que, de acuerdo a las normativas municipales, son para el libre movimiento y esparcimiento de los ciudadanos, son utilizados por particulares que instalan todo tipo de negocios, obligando a las personas a asumir el riesgo de ser atropellados por los vehículos al tener que caminar por el medio de la calle.

También generan un gran caos en el tránsito de vehículos, debido a que obstaculizan el libre movimiento de los ciudadanos de a pie, por lo que se requieren regulaciones más rígidas por parte de los ayuntamientos de las jurisdicciones en cuestión.

El problema con el uso y abuso de los espacios públicos en la capital y la provincia Santo Domingo, no se limita a los pobres vendedores y talleres improvisados, sino que también grandes tiendas, sobre todo de electrodomésticos, utilizan las aceras para exhibir sus productos a expensas de la seguridad de los transeúntes.

A estos grandes negocios se suma, como segundo elemento importante, las tiendas de repuestos para vehículos, muchas de las cuales ofrecen, de igual manera, los servicios de reparación en las aceras o plena calle, porque en la mayoría de los casos no poseen espacios para estos fines.

Lo narrado no es nuevo, todo empezó cuando no existían reglas ni normas, y ahora que se han creado dichas reglamentaciones, la gente se resiste a dejar sus espacios, los que han utilizado por décadas para realizar distintas labores y sostener a sus familias.

Entonces, tras más de 500 años de fundada, el entorno de ambas localidades muestra un deterioro en la calidad de los servicios más elementales, entre estos el uso de los espacios públicos. También es notorio el deficiente alumbrado de sus calles, el tránsito vehicular, la seguridad ciudadana, la recogida de basura, y el cuidado de sus plazas y cementerios.

La actividad cotidiana en los barrios más emblemáticos de la capital: Villa Juana, Villa Consuelo y Villa Agrícolas, por mencionar algunos, está envuelta en el cantaleteo de los vendedores ambulantes y el bullicio de otras actividades, algo a lo que sus habitantes se acostumbraron.

En todas las esquinas se observan vendedores ambulantes que operan en las aceras diversos negocios obstruyendo el paso de los peatones. Con la arrabalización de la ciudad, unos cuantos se echan unos pesos en los bolsillos, mientras que con sus negocios informales afectan la calidad de vida de la mayoría.

Los espacios públicos están constituidos por las calles y áreas requeridas para la circulación de personas y vehículos, así como áreas destinadas para la recreación, las franjas entre edificaciones y las vías, parques, plazas y áreas verdes.

Los ayuntamientos, apoyados en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007; y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amparado en la Ley 64-00, que lo crea, son las dos entidades que tienen que ver con la administración de estos espacios.

Es función de los cabildos, proteger los espacios públicos como aceras, calles, áreas verdes, plazas y parques, con la finalidad de evitar que los ciudadanos los utilicen de manera incorrecta.

En Santo Domingo de Guzmán, esta función está a cargo del Departamento de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, que se encarga entre otras cosas, de retirar de las calles vendedores de comidas preparadas, frituras, frutas, ropas usadas, entre otros.

Sus unidades solo se limitan a incautar estos productos, sin que los usurpadores sean sometidos a ningún régimen de consecuencia, razón por la que vuelven a instalar sus negocios.

Cuando los negocios están establecidos en un punto fijo, sus propietarios son notificados de la intervención, con el fin de que puedan buscar una solución a la situación, y, en caso de no hacer caso, sus bienes son retenidos y se les aplica una multa, la que de no ser pagada, autoriza al Ayuntamiento a apropiarse de las mercancías.

En todos los sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo es notoria la utilización incorrecta de los espacios públicos, y peor, los comerciantes se creen dueños de estos, sin que los perjudicados puedan siquiera reclamar su derecho a la libre circulación, mientras algunos residentes se hacen cómplices y en lugar de defender sus espacios, les brindan apoyo.

En los sectores Villas Agrícolas, Villa Juana y Villa Consuelo no existe una calle en la que los espacios estén protegidos. Miles de negocios, especialmente talleres de mecánica automotriz, operan en las aceras y en algunos puntos hasta ocupan parte de la vía.

En estos lugares, el caos no solo es generado por los talleres improvisados, sino por las tiendas de repuestos, que además de vender las piezas requeridas, ofrecen los servicios de mecánica tanto en las calles como en las  aceras.

Esta acción es más notoria en la calle Marcos Ruiz (conocida como la calle 20) que limita a Villas Agrícolas y Villa Juana, donde operan decenas de estos negocios.

Las calles Pedro Livio Cedeño, Arturo Logroño, Eusebio Manzueta, Baltazar Alvare, Máximo Grullón, Ramón Cáceres, Américo Lugo, Marcos Adón, Moca, Tunti Cáceres, Hermanos Pinzón, San Martín, Manuel Ubaldo Gómez, están entre las calles más saturadas de negocios informales.

En estos sectores, también, abundan las tiendas de venta de neumáticos y sus piezas, que de igual manera acopan las aceras donde los exhiben a expensas de la seguridad de los ciudadanos.

El 18 de octubre de 2012, el ADN dictó la Ordenanza No. 09-2012, cuyo objetivo era regular y organizar el uso de las vías y los espacios públicos para las actividades de comercio informal en la ciudad capital.

El artículo 2 de dicha regla dice: “Finalidad”. El comercio en las vías y espacios públicos deberá desarrollarse con el debido respeto a las leyes vigentes, los derechos de terceros y en general, de la sociedad, por lo que esta ordenanza protege en especial: la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, la integridad física de las personas, la integridad del espacio público y los bienes privados, el desarrollo urbano, la salubridad, el medio ambiente, la dignidad en el ejercicio del comercio en el espacio público y el debido proceso“.

El urbanista Jordi Borja, plantea: “La ciudad actual sufre un triple proceso negativo: desilusión, fragmentación y privatización. Desilusión, debido a la urbanización desigual; fragmentación, por la exasperación de un capitalismo desregulado con la lógica sectorial de las administraciones públicas y la privatización producto de la generalización de guetos para cada clase social. Desde los condominios de lujo hasta las favelas y similares, y la sustitución de calles, plazas y mercados por centros comerciales. (Jordi Borja, Espacio Público y reconstrucción de ciudadanía. 2003, página 78. Tomado de El Nuevo Diario.

Sostuvo que las ciudades enfrentan centenares de amenazas para sus habitantes, lo que ocasiona que vivan en precarias condiciones de habitabilidad, lo que a su vez es incrementado por la falta de gerencia de los gobiernos municipales.

Sugirió que los ayuntamientos deben fomentar políticas permanentes para el uso y protección de los espacios públicos. “Las autoridades edilicias deben tener en cuenta la calidad, el mantenimiento y la iluminación, permitiendo la mayor diversidad de usos posibles. Deben crear entornos de accesibilidad con la presencia efectiva de servicios y actividades que atraigan a la población”, apuntó.

Entre tanto, los más perjudicados seguirán siendo los peatones, que se ven obligados a usar las calles para caminar, porque las aceras están ocupadas por negocios, con el riesgo de ser embestidos por algún vehículo, sin ninguna consecuencia legal para los violadores de esos espacios.

En una entrevista para Diario Libre, Frank Díaz, director de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, afirmó que se han encontrado con ciudadanos, comerciantes informales y formales que se han apropiado de esos lugares, generando grandes problemas a los ciudadanos.

Díaz plantea dos escenarios: uno el que se observa en las circunscripciones 2 y 3, donde comerciantes informales, que instalan negocios en las aceras y en porciones de las calles, mientras que en la circunscripción 1 el mayor problema es con los constructores, que se apropian de espacios que le pertenecen a la ciudad.

Sugiere imponer altos arbitrios

Sobre la problemática que genera la ocupación ilegal de los espacios públicos, el ex precandidato a la Alcandía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Graciano Jiménez, dijo que la cantidad de espacios públicos ocupados en la capital presentan una gran dificultad, ya que no existe una voluntad real de la Alcaldía para enfrentar la problemática.

 “Nosotros vemos que se han instalado muchos negocios en las aceras, obstruyendo al peatón y quitándole el esplendor y embellecimiento que debe tener la ciudad”, apuntó el político, entrevistado por ADPRESS.

Sostuvo que para solucionar esa situación se requiere que, de manera responsable, exista un plan desde la Alcaldía para sacar de las calles a quienes están ocupando los espacios públicos.

Por ejemplo, en lo que es la calle Marcos Ruiz (antigua 20) que limita  , que limita con Villa Juana y Villas Agrícolas, es un franco caos, “y si no se interviene, no habrá posibilidad de que las personas puedan transitar libremente”, indicó.

Sostuvo que, desde el ADN no hay una política definida y por eso es que no se ha trabajado en ese sentido, y ha sido una gran preocupación de toda la ciudadanía que requiere que a la ciudad de Santo Domingo se le devuelva su esplendor.

Abundó que para resolver el problema de los espacios públicos hace falta una iniciativa que no solo sea represiva, sino también en el marco de la educación.

Con relación a los que hacen comercio en las calles, por ejemplo, los puestos de gomas, los repuestos, talleres y otros que necesitan ser intervenidos, si no acceden de una manera pacífica no hay por qué utilizar la fuerza, simplemente con que el ADN imponga un arbitrio bastante costoso, entonces estaría seguro de que se van a replegar al interior de sus negocios a realizar sus actividades.

Señaló que las comunidades demandan una solución a esta situación, por lo que se requiere de una intervención integral, donde se haga un estudio socioeconómico para medir el impacto humano que se podría generar.

“Pero más allá de lo concerniente al impacto humano, se necesita ir pensando en el futuro de la ciudad, no hay una planificación dentro del marco del crecimiento urbanístico ni tampoco una regulación rígida para lo concerniente a la construcción y ocupación de los espacios públicos, ya que cualquiera construye en plena acera una escalera, donde realmente no permite que el peatón circule”, precisó el político.

“Entonces hay que ir viendo eso y desde el ADN se requiere que se tomen medidas más eficientes, y también que haya un plan mediante el cual de manera urgente se pueda salir con un equipo de supervisores que hagan un levantamiento de las áreas, notificando y dando los plazos reglamentarios para que cada ciudadano pueda ponerse al día en lo concerniente a desocupar esos espacios que son para el disfrute de la comunidad”, agregó.

Dijo que siempre existirá la negativa de los dueños de negocios a replegarse, pero en eso caso existe el diálogo para buscar el consenso, dentro del cual “propongo que quien quiera seguir haciendo negocio en las calles, el ADN le cobre un arbitrio costoso, tan costoso como el que les corresponde a los ciudadanos de salir de la acera para asumir un riesgo caminando por el medio de la vía, y quienes deseen obtemperar, entonces que vayan dejando los espacios libres para una mejor circulación del peatón.

“En este país es donde se es más efectivo en la cobranza, aunque muchas veces hay diversos escapes por la falta de planificación, pero el hecho no es cobrar, el hecho sería cómo el ADN invierte lo que recauda, y al mismo tiempo invierte lo que ingresa mediante el Gobierno Central, que son casi 6 mil millones de pesos anuales”, dijo finalmente el vicepresidente nacional del PRD, Graciano Jiménez.

La Alcaldía hace ingentes esfuerzos para recuperar los espacios públicos

Al referirse al tema, el regidor Elías Reinoso, presidente del Concejo de Regidores del Cabildo del Distrito Nacional, dijo que tienen una línea clara de la alcaldesa Carolina Mejía, de que los espacios públicos deben ser usados por los munícipes.

Señaló que ven que algunos residentes en los barrios optan por usar el espacio público para instalar negocios y montar otro tipo de actividad no propia para el recreo de las personas, pero que, en ese sentido, trabajan arduamente con los comunitarios para impedir que esto ocurra y desmantelar los negocios ya instalados.

“Es por eso que, desde la Dirección de Espacios Públicos se están haciendo ingentes esfuerzos para la recuperación de estos espacios, retirando a las personas que tienen negocios como talleres, venta de comida, encima de las aceras”, recalcó el edil en una entrevista con ADPRESS en su despacho.

“Nosotros pedimos a los munícipes que no utilicen los espacios públicos para negocios, porque son de todos y se deben usar para beneficio de cada uno”, indicó.

Preguntado sobre si tienen un registro de los negocios que operan de manera ilegal en los espacios públicos, explicó que el Ayuntamiento no tiene un registro de estos, pero que se han ido recuperando espacios de manera organizada y siempre respetando la dignidad de las personas.

Citó como ejemplo la recuperación de un tramo de la acera de la avenida Luperón hasta la avenida John F. Kennedy, en las proximidades del kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde vendían distintos objetos como lavamanos, fregaderos e inodoros, entre otros utensilios y herramientas.

También, en la avenida Independencia, de donde fueron retirados lavadores de carros que ocupaban un tramo de la acera y parte de la calle.

De igual manera, en calles de la Circunscripción 3 fueron desalojadas varias personas que las estaban usando para vender comida.

“Creemos que es una buena medida y en poco tiempo vamos a tener los espacios públicos para la gente y sabemos que las personas van a tomar conciencia de que estos no son para negocios, sino para ser usados por los munícipes”, indicó el regidor.

Informó que en los sectores Villas Agrícolas y Villa Juana, se recuperaron las aceras del Cementerio Nacional para el disfrute de la gente, y que del mismo modo se está haciendo en otras calles para devolverlos a los ciudadanos.

Explicó que, en Villa Agrícolas la alcaldesa Mejía, junto con la Dirección de Espacios Públicos ha ido a hablar y notificar a las personas que tienen espacios ocupados, para que opten por dejarlos, a lo que, sino obtemperan en un segundo llamado, se les desmantela y se incauta la mercancía.

El regidor Elías Reinoso, también se refirió a la construcción del Cristo Park, trabajo que se está realizando junto a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), donde la gente podrá ejercitarse y realizar actividades recreativas.

Finalmente, Reinoso dijo que la Alcandía no cobra ni da permiso para instalar negocios en espacios públicos, porque son para el disfrute de los residentes y eso es innegociable. Indicó que los regidores reciben muchas quejas de personas por la instalación de negocios irregulares y por la ocupación de las aceras con el parqueo de vehículos.