Tribunal de Paz en Colombia imputó a 22 militares el crimen de lesa humanidad

Por primera vez el Tribunal de Paz en Colombia imputó a 22 militares el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género al encontrar que nueve mujeres, una de ellas embarazada, y un joven perseguido por su orientación sexual fueron víctimas de “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de uno de los capítulos más oscuros de las fuerzas de seguridad estatales de Colombia. El Tribunal de Paz estableció que 6.402 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad. Muchas de ellas eran engañadas con ofrecimientos falsos de trabajo, asesinadas y luego les eran implantadas armas y municiones para simular que fueron vencidas en combates legítimos. Los militares recibían beneficios como permisos, vacaciones y comidas especiales.

El Tribunal señaló en su decisión que las víctimas “experimentaron formas específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los crímenes”.

Dentro de la Brigada XVI se implantó una “organización criminal” que se sirvió de la legalidad del Ejército para desaparecer y luego asesinar 303 personas, la mayoría hombres, pero también mujeres, ancianos y personas con dificultades cognitivas, señaló el Tribunal. Los crímenes fueron cometidos entre 2005 y 2008 en Casanare, al este del país.

Los “falsos positivos” se incrementaron bajo la comandancia del entonces mayor general Henry Torres Escalante, quien por sus resultados operacionales fue condecorado, indica la decisión judicial. También fueron imputados dos coroneles, tres tenientes y otros 10 oficiales.

El Tribunal también imputó por primera vez el crimen de guerra de utilización de niños en las hostilidades, dado que fueron reclutados para atraer y engañar a algunas víctimas.

Además de los militares, fueron imputados dos civiles señalados de reclutar víctimas y un funcionario del estatal Departamento Administrativo de Seguridad, un organismo disuelto hace una década.

La Jurisdicción Especial para la Paz es el tribunal que investiga y juzga los hechos cometidos por más de cinco décadas en el conflicto interno colombiano. Nació fruto del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera considerada la guerrilla más antigua de América Latina.