Golpe al viejo esquema de rentas: nueva ley obligaría a propietarios a depositar fianza en banco cercano al inmueble

Una transformación silenciosa, pero profunda, se gesta en el corazón del mercado de alquileres de bienes inmuebles en la República Dominicana. Un proyecto de ley, que ya fue estudiado en comisión por la Cámara de Diputados, propone un cambio estructural en la gestión de las fianzas de alquileres, obligando a los propietarios a depositarlas en una institución bancaria cercana al inmueble arrendado, en lugar de conservarlas de manera privada.

De aprobarse esta pieza legislativa, significaría el fin de una de las prácticas más cuestionadas —y a menudo opacas— del mercado de rentas: el manejo unilateral de los depósitos de garantía por parte de los arrendadores. El proyecto busca regular la forma en que se administra este dinero, que tradicionalmente ha estado sujeto a poca fiscalización, y que en muchos casos no es devuelto al inquilino al final del contrato.

¿Qué plantea la nueva ley?

El proyecto establece que los propietarios deberán abrir una cuenta especial de depósito en un banco autorizado por la Superintendencia de Bancos, preferiblemente ubicado en las proximidades del inmueble alquilado. La fianza deberá permanecer allí durante la duración del contrato, generando intereses que podrán ser compartidos proporcionalmente entre las partes o utilizados en casos específicos estipulados en el acuerdo de alquiler.

Además, el depósito deberá ser certificado ante notario y registrado en una plataforma digital de acceso público, que será gestionada por una nueva dependencia adscrita al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). Esta plataforma permitirá a inquilinos, propietarios y autoridades verificar el cumplimiento de la normativa.

Transparencia y protección al inquilino

Uno de los principales argumentos de los proponentes de la ley es la necesidad de proteger los derechos de los inquilinos, quienes a menudo enfrentan dificultades para recuperar su depósito al finalizar el contrato, especialmente en ausencia de pruebas de daño o incumplimiento.

“Durante décadas, el manejo de las fianzas ha estado al margen del control institucional. Esta ley trae equidad y claridad, tanto para los inquilinos como para los propietarios”, explicó uno de los diputados que participó en la redacción del informe de comisión.

La legislación también prevé un mecanismo de arbitraje exprés para dirimir conflictos sobre la devolución de la fianza, con un plazo máximo de 30 días calendario para la resolución de disputas.

Resistencia y tensiones

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Algunas asociaciones de propietarios han advertido que la medida podría “rigidizar” el mercado de alquileres y disuadir la inversión en bienes raíces destinados al arrendamiento.

“Es una interferencia innecesaria en relaciones privadas. El sistema ha funcionado por décadas. Este cambio solo añade burocracia”, expresó un portavoz de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIU).

A pesar de las resistencias, diversos sectores sociales y entidades de defensa del consumidor han saludado el proyecto como una conquista en materia de justicia habitacional y un paso necesario para formalizar un sector donde predomina la informalidad.

¿Y los alquileres informales?

Una de las interrogantes abiertas es cómo se aplicará esta medida en sectores donde el alquiler de habitaciones, anexos o viviendas se realiza sin contratos escritos ni intermediación bancaria. La ley prevé incentivos para la formalización de esos acuerdos, incluyendo beneficios tributarios y acceso a subsidios estatales, pero su implementación podría enfrentar importantes retos logísticos.

Hacia una nueva cultura de arrendamiento

Con esta iniciativa, el Congreso apunta no solo a resolver una fuente común de conflicto, sino también a crear una cultura de arrendamiento más justa, profesional y regulada.

El informe ya está listo para ser conocido en el hemiciclo y, según fuentes legislativas, cuenta con respaldo suficiente para avanzar hacia su aprobación. De ser promulgada, la ley daría a la República Dominicana una de las normativas más modernas de la región en cuanto a manejo de garantías de alquiler.

En un país donde el acceso a una vivienda digna en alquiler es cada vez más vital para sectores de clase media y trabajadora, este golpe al viejo esquema de rentas podría significar el inicio de una nueva era en la relación entre propietarios e inquilinos.