Gobierno pone en marcha medidas para reforma policial

El plan vuelve a la palestra a pesar del descrédito, la falta de seguridad y la desconfianza en el cuerpo del orden péblcio.

SANTO DOMINGO, 6 de mayo, 2022 (ADPRESS).- Ante el descrédito y los desmanes de la Policía Nacional, el gobierno anunció anoche una serie de medidas tendentes a poner en marcha la reforma policial, como una forma de llevar confianza y seguridad a la población dominicana.

En las últimas semanas el accionar de los agentes de la institución ha sobrepasado los límites, recibiendo el repudio de la sociedad, luego de la muerte a golpes de tres personas en destacamentos de la institución en Santiago, San José de Ocoa y el Distrito Nacional.

El último de estos hechos fue la golpiza que le dieron al joven profesor de educación física David de los Santos, en el destacamento policial del ensanche Naco la semana pasada, lo que le provocó la muerte, originando el rechazo y repudio de la población.

Las 14 medidas anunciadas por el gobierno buscan garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, que incluyen la instalación de cámaras en todas las patrullas y todos destacamentos.

En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, explicó que, aunque el conjunto de medidas estaba contemplado para implementarse en los próximos meses en el marco de la reforma policial, se van a acelerar para dar una respuesta urgente y efectiva

Las medidas que serán adoptadas son: ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911, la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas y la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.

Además, se anunció la creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico, la instalación de cámaras en todos los destacamentos y la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.

También se colocará bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía, el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se presenten.

Vila del Castillo, acompañado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, anunció, asimismo, que se ejecutará una mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos. También se acelerará la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía.

Se anunció la implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada, se ejecutarán medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas como mínimo, en temas como gestión de crisis, derechos humanos, actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.

Otra acción anunciada fue la ratificación y ejecución del protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas.

“Esto dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos”, dijo Vila del Castillo.

Las medidas también incluyen coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales y reorganizar el Departamento de Comunicaciones de la Policía, en coordinación con el Gabinete de Comunicaciones de la Presidencia, para implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.