Defensor del Pueblo afirma canódromo es un “antro de corrupción”, Pablo Ulloa se querella contra agentes de Digesett

SANTO DOMINGO, 12 de abril, 2022 (ADPRESS).- El Defensor del Pueblo, doctor Pablo Ulloa, afirmó hoy que el Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Transporte Terrestre (DIGESTT) conocido como el Canódromo, es un “antro de corrupción”.

Dijo además, que el maltrato que sufrió junto a su equipo de trabajo y un grupo de periodistas y camarógrafos durante un incidente en el Canódromo, tendrá repercusión disciplinaria, puesto que quedó en evidencia que esa dependencia de la Digesett existe corrupción.

Sostuvo que “si de algo estamos claro es que el Canódromo es un antro de corrupción, que todo el mundo sabía y nadie se atrevió a decir nada. Con el simple hecho de nosotros acudir a esta dependencia amparado en la ley, que nos permite realizar inspección a cualquier entidad pública o prestador de servicios, sin una previa autorización del Ministerio Público, queda demostrado lo que ocultan”.

El doctor Ulloa explicó que la institución que preside es una fiscalizadora de elementos de la sociedad donde la corrupción permea, y reveló que procederán en tres acciones diferentes que irán escalonada, pero por razones de precaución no puede revelar por el momento.

“Pero creo que a partir de ahora debe de haber una responsabilidad patrimonial que todos esos bienes que se encuentran allá y que nadie es responsable”, agregó.

Expresó que el Defensor del Pueblo no tiene que avisar a nadie para una inspección, al responder las justificaciones de la Digesett sobre el incidente ocurrido en el Canódromo este lunes.

Dijo que “el Defensor del Pueblo no tiene que avisar a nadie, la Ley 19-01 en su artículo 3, le otorga potestad a este órgano de actuar sin avisar, ese es el gran problema que existe en la administración pública, de no tener conocimiento de la parte legal que crea la institución; debe de dar vergüenza a quien envía un comunicado tan infantil”.

Agentes de la Digesett agredieron este lunes al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y a un grupo de periodistas y camarógrafos que lo acompañara, lo que provocó que la encargada del Centro de Retención de Vehículos, coronela Ysabelita de los Santos Pérez fuera cancelada.

De inmediato Ulloa se querelló ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra la coronela de los Santos Pérez y los agentes que participaron en la agresión en su contra y de los periodistas y camarógrafos, algunos de los cuales fueron despojados de sus cámaras y otros instrumentos de trabajo.