Corrupción arropa tribunales y Procuraduría

La justicia tiene un gran reto por delante, conocer los diferentes casos de corrupción gubernamental de pasadas y presente administraciones.

II

Por Víctor Núñez

SANTO DOMINGO, 11 abril, 2022 (ADPRESS).- El Caso Antipulpo es un proceso judicial originado a raíz de la Operación del mismo nombre realizado por magistrados de la Procuraduría General de la República, un proceso de investigación en el que se busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a quien acusan de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones (US$68.6 millones) desde el 2012 hasta el 2020.

El proceso de investigación ha sido liderado por el magistrado Wilson Camacho Peralta, quien es procurador general de Corte de Apelación y titular de la PEPCA. Ha sido apoyado por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.

La “Operación Antipulpo” consistió en varios apresamientos y allanamientos realizados la madrugada del 29 de noviembre de 2020 como resultado de una investigación que venía realizando la PEPCA desde hacía meses.

En esta operación resultaron apresados unos 10 funcionarios del gobierno de Danilo Medina, entre estos, Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER); Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; Francisco Pagán, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Rafael Antonio Germosén Andújar, contralor general de la República;  Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del FONPER, hermana del expresidente Medina.

También, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario Medina; Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona; Domingo Antonio Santiago Muñoz y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción por ante el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrado José Alejandro Vargas, quien el domingo 6 de diciembre inició el conocimiento de la medida, la cual se extendió por un total de 28 horas divididas en tres días.

El martes, 8 de diciembre de 2020, el juez Vargas dispuso declarar el caso complejo y otorgó las siguientes medidas preventivas: 3 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal (Najayo – Hombres), para Fernando Aquilino Rosa Rosa, Francisco Pagán, Juan Alexis Medina Sánchez, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

Mientras, dispuso prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, vigilancia, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos, mediante la modalidad de contrato, contra Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, Carmen Magalys Medina Sánchez, y Rafael Antonio Germosén Andújar; sin garantía económica.

Al imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz le otorgó libertad pura y simple con la orden de presentación periódica ante el tribunal.

Caso Coral

La Operación Coral fue puesta en marcha por la PEPCA el sábado 24 de abril de 2021, con la realización de al menos 27 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís.

En las pesquisas fue apresado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, quien supuestamente lideraba la estructura formada para robar dinero al Estado.

También se incautaron bienes y evidencias del entramado, entre estas varias villas, fincas, apartamentos, locales comerciales, entre otros bienes muebles e inmuebles que forman parte de la estructura corrupta y que fueron utilizados, según el Ministerio Público, para el lavado de dinero defraudado al Estado dominicano por la red denominada Coral.

Además de Cáceres Silvestre, forman del entramado el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; la asimilada de la Policía y pastora evangélica, Rossy Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora Guzmán y miembro de la Policía, Tanner Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.

El 10 de mayo de 2021, el Ministerio Público presentó las pruebas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco de ellos en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

Al grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a pesar de que no aparecía en los registros de la nómina pública.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

Caso Coral 5G

El 18 de noviembre de 2021, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Coral 5G, en la que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, que terminaron con el arresto de varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con  rango de general, por su participación en una red de corrupción administrativa. Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

Los arrestados son los generales Juan Carlos Torres Robiou de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

Además, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; Erasmo Roger Pérez Núñez, el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

El 15 de diciembre de 2021, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.

La prisión preventiva por 18 meses fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

En tanto, ordenó arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD),  Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.

Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) les impuso presentación periódica e impedimento de salida del país.

En otra vista celebrada el 21 de diciembre de 2021, la jueza Romero, también dispuso 18 meses de prisión como medida de coerción al general Julio Camilo De los Santos Viola, quien había recusado a la magistrada.

En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público logró obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que fueron confiscados y una serie de elementos probatorios.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias contra los involucrados en el caso, así como unas 700 pruebas que supuestamente vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa. A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

Operación 13

El caso de corrupción administrativa denominado “Operación 13”, fue el primero registrado en el presente gobierno que preside Luis Abinader. El fraude fue planeado, según el expediente acusatorio, por el entonces administrador general de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent e involucra otras 10 personas.  El entramado estaba dirigido a estafar bancas de apuestas de lotería mediante sorteos amañados.

Los procesados por el caso Operación 13, cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, entre estos el exadministrador de la Lotería Nacional, así como William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

Los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, cumplen prisión domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta cumple presentación periódica y Miguel Mejía y Rafael Mesa, están sujetos a presentación periódica e impedimento de salida del país. A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).

El fraude a la Lotería Nacional y a las bancas de juegos de azar ocurrió el 1o de mayo del año 2021, e  involucra un monto defraudado de más de 500 millones de pesos.

La acusación cuenta con pruebas periciales electrónicas con teléfonos, así como relacionadas con entidades bancarias, y pruebas aportadas por las víctimas y los querellantes.

En enero pasado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción contra Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, y los otros diez vinculados al sorteo fraudulento.

En el proceso, el órgano de la acusación ha aportado abundantes elementos probatorios, incluyendo las querellas de varias bancas de lotería que resultaron perjudicadas con el sorteo.

La acusación contra los implicados en el alegado fraude por más de 500 millones de pesos, fue depositada por la PEPCA el pasado 9de marzo de este 2022.

La “Operación 13” implicó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel y Santo Domingo. Las indagatorias se originaron a partir de denuncias sobre fraude en la extracción del primer premio en un sorteo de la Lotería Nacional.

El Ministerio Público acusa de incurrir en acciones que constituyen asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.

Según la acusación del MP, los implicados en la Operación 13 realizaron 165 jugadas en varias bancas de loterías, de RD$25 a RD$6,000 para beneficiarse del sorteo fraudulento celebrado el día 1o de mayo de 2021.

La PEPCA recuperó RD$2 millones 326,000 a los implicados en el caso Operación 13. Como parte de la investigación, Miguel Mejía Rodríguez (El Ciego) entregó a las autoridades de manera voluntaria RD$770 mil.

Caso Medusa

La Operación Medusa, cuya cabeza principal es el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, fue puesta en marcha por el Ministerio Público el lunes 28 de junio de 2021, e incluyó al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana. Fue dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

Como parte de esta envestida contra la corrupción administrativa, la PEPCA, con el apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó a Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General; a Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa; Javier Alejandro Forteza Ibarra, que ocupó la posición de director de Tecnología de la Información y a Miguel José de Moya, que se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez. Todos fueron arrestados acusados de corrupción y otros delitos.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.

Desde julio de 2021 el exprocurador Rodríguez Sánchez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.

En el transcurso del proceso, los encartados han intentado en múltiples ocasiones una variación de las medidas en diferentes tribunales, con el objetivo de obtener su libertad.

De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El martes 29 de marzo pasado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió una solicitud del Ministerio Público y le otorgó una prórroga de tres meses para presentar la acusación formal en contra del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás involucrados en la red de corrupción administrativa desarticulada con la Operación Medusa.

Los cinco casos de corrupción administrativa que conoce la justicia dominicana involucran un desfalco al erario de más de 15,000 millones de pesos. Estos hechos implican a unas 54 personas, entre estos unos 11 funcionarios públicos, un exprocurador general, y altos mandos militares y policiales. 

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