Compras con sello de secreto: el Gobierno amplía el uso del régimen de seguridad nacional

Santo Domingo. El Poder Ejecutivo autorizó recientemente a seis instituciones públicas a realizar contrataciones bajo el régimen de seguridad nacional, una medida que les permite adquirir bienes y servicios sin someterse a los procesos ordinarios establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. La decisión fue oficializada mediante los decretos 186-25 y 205-25, emitidos los días 3 y 14 de abril de 2025, respectivamente.

Los organismos beneficiados con esta facultad son el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), la Dirección General de Pasaportes, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Migración (DGM) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Excepción con peso legal

El régimen de seguridad nacional está contemplado en el artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, el cual establece que se podrán omitir los procedimientos ordinarios cuando se trate de contrataciones “necesarias para salvaguardar la defensa y seguridad del Estado”. Sin embargo, el uso de esta figura legal ha sido históricamente cuestionado por su carácter excepcional y la escasa supervisión que conlleva.

“Nos preocupa que esta ampliación del régimen pueda abrir la puerta a contrataciones sin control, bajo criterios demasiado amplios de lo que se entiende por seguridad nacional”, advirtió Ana María Reyes, directora de la Fundación Transparencia Ciudadana. “No estamos diciendo que estas instituciones no puedan tener necesidades estratégicas, pero el país merece saber cómo se gastan los fondos públicos”, agregó.

Diversidad institucional, un enfoque amplio

La inclusión de instituciones con perfiles tan distintos ha generado debate. Mientras la presencia del CUSEP o Migración puede entenderse dentro del marco tradicional de la seguridad, otros casos como Pasaportes o Energía y Minas han levantado interrogantes. ¿Qué tipo de adquisiciones requieren un velo de confidencialidad en estas entidades?

Desde el Gobierno se ha defendido la decisión como parte de una política integral de fortalecimiento institucional. “Estas medidas buscan garantizar que organismos clave puedan responder de manera rápida y eficiente a amenazas que afectan la estabilidad y operatividad del Estado”, afirmó una fuente del Palacio Nacional que pidió reserva de su nombre.

El dilema: seguridad vs. transparencia

Aunque la ley ampara este tipo de decretos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en contratación pública insisten en que deben establecerse mecanismos de fiscalización alternativos. “La falta de licitaciones no debería significar la falta de controles. Se necesita al menos una auditoría posterior o algún tipo de informe público sobre los procesos realizados”, señaló el abogado y especialista en derecho administrativo Julio Estévez.

La Cámara de Cuentas no ha emitido hasta el momento una postura oficial sobre los decretos, pero se espera que en su próxima sesión se discutan los mecanismos de fiscalización aplicables a estos procesos excepcionales.

¿Camino a la opacidad?

En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones públicas aún enfrenta desafíos, la ampliación del uso del régimen de seguridad nacional reaviva las preocupaciones sobre discrecionalidad y opacidad. A medida que se implementen las contrataciones, quedará en evidencia si los organismos beneficiados cumplen con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, o si, por el contrario, se abre una brecha para el uso indebido de fondos públicos.

Mientras tanto, la sociedad civil y los medios de comunicación seguirán atentos a los resultados concretos que produzcan estos decretos, con la esperanza de que la seguridad del Estado no se convierta en un pretexto para esquivar la transparencia.