Bibliotecas públicas municipales en República Dominicana: el abandono de los espacios del conocimiento y la amenaza de convertirlos en funerarias
Reportaje investigativo de ADPRESS | Educación, cultura y gestión municipal
Desde 2009, alrededor de 60 bibliotecas públicas municipales habrían cerrado sus puertas, según la cifra planteada para esta investigación. El deterioro de estos espacios abre un debate sobre las prioridades de los gobiernos locales, la inversión en cultura, el acceso a los libros y las denuncias de que algunos inmuebles destinados a la lectura podrían convertirse en funerarias.
En la República Dominicana, donde miles de estudiantes necesitan espacios adecuados para investigar, leer y complementar su formación, la situación de las bibliotecas municipales plantea una interrogante que trasciende el ámbito cultural: ¿qué ocurre cuando una comunidad pierde uno de sus principales lugares de acceso gratuito al conocimiento?
El cierre progresivo de estos establecimientos, la falta de mantenimiento, la escasez de libros actualizados y las dificultades para garantizar personal y servicios permanentes constituyen problemas que merecen una investigación nacional. A ello se suma una denuncia particularmente sensible: la posible reutilización de antiguos locales bibliotecarios para instalar funerarias municipales, una decisión que, de confirmarse en casos específicos, obligaría a examinar las razones administrativas, presupuestarias y sociales que la sustentan.
La cifra de aproximadamente 60 bibliotecas cerradas desde 2009 debe ser contrastada con registros municipales, inventarios del Ministerio de Cultura y documentación de las instituciones responsables antes de considerarla un balance nacional definitivo. Sin embargo, el planteamiento coloca sobre la mesa un asunto esencial: el destino de la infraestructura pública creada para promover la lectura y reducir las desigualdades educativas.
Una biblioteca cerrada cada tres meses: la dimensión de la crisis
La denuncia adquirió mayor relevancia tras una publicación de Diario Libre del 20 de octubre de 2026, que recoge declaraciones de Julio César Morel, encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Según Morel, unas 60 bibliotecas públicas han cerrado desde 2009, lo que equivale aproximadamente a una cada tres meses durante ese período.
Diario Libre
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El problema no se limita a la pérdida de locales. Cuando una biblioteca deja de funcionar, también desaparece una parte de la infraestructura comunitaria que permite a estudiantes, docentes, investigadores, jóvenes y adultos acceder gratuitamente a materiales educativos.
La situación tiene otra dimensión: no existe un inventario nacional actualizado que permita determinar con certeza cuántas bibliotecas están abiertas, cuántas permanecen cerradas y cuáles funcionan de manera parcial.
De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, el registro disponible se remonta a un censo de 2009, que contabilizó 1,478 bibliotecas de distintas categorías, de las cuales 284 eran públicas. Morel señaló que la falta de recursos ha impedido actualizar ese levantamiento y estimó que realizar un nuevo censo costaría entre RD$100 millones y RD$150 millones.
Diario Libre
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Esta ausencia de datos dificulta establecer con precisión la magnitud actual del deterioro y evaluar si las autoridades municipales están cumpliendo con sus responsabilidades.
El diagnóstico oficial que refuerza las denuncias
La problemática no depende exclusivamente de declaraciones periodísticas. Un informe ejecutivo de la Dirección General del Libro y la Lectura, adscrita al Ministerio de Cultura, y de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), elaborado en noviembre de 2024 a partir de encuentros regionales, registró 405 bibliotecas consultadas: 256 públicas y 149 privadas.
El documento identificó dificultades relacionadas con la inactividad de bibliotecas públicas, especialmente las pertenecientes a ayuntamientos, y recogió señalamientos sobre la falta de recursos económicos, la insuficiente promoción de la lectura y la escasa atención de algunas gestiones municipales. También recomendó recuperar las bibliotecas inactivas y fortalecer su presencia territorial.
Biblioteca Pública
Este diagnóstico aporta un elemento importante a la investigación: la crisis no debe analizarse únicamente como un conjunto de cierres aislados, sino como un problema de planificación, presupuesto, administración y política cultural.
No obstante, las cifras de ese informe corresponden a las bibliotecas identificadas en su levantamiento y no deben confundirse con un censo exhaustivo de todos los establecimientos existentes en el país.
La Ley 502-08: ¿qué responsabilidad tienen las alcaldías?
Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación es el marco legal que regula el funcionamiento de las bibliotecas públicas dominicanas.
La Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas establece obligaciones relacionadas con el acceso al libro, la lectura y los servicios bibliotecarios. Su artículo 42 dispone que el Distrito Nacional y los municipios deben contar con un número satisfactorio de bibliotecas públicas, de acuerdo con su población, e incluir en sus presupuestos partidas anuales para su ampliación y dotación. También establece que cada municipio debe contar con una biblioteca pública.
Senado Dominicano
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A esto se suma la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, cuyo artículo 19 contempla competencias municipales vinculadas con la promoción y el fomento de la educación inicial, básica y técnico-vocacional.
Biblioteca.do
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El punto central es que las bibliotecas no deberían depender exclusivamente de la voluntad personal de un alcalde ni de la prioridad que una administración otorgue a las actividades culturales.
La existencia de obligaciones legales plantea preguntas concretas: ¿qué partidas presupuestarias destinan los ayuntamientos a sus bibliotecas?, ¿cuántos empleados tienen asignados?, ¿qué mecanismos de supervisión existen?, ¿qué ocurre cuando un recinto cierra durante años sin que se restablezca el servicio?
Responder estas interrogantes exige revisar presupuestos municipales, actas de los concejos de regidores, informes de ejecución, nóminas, inventarios de libros y registros de inmuebles públicos.
La investigación también debe distinguir entre una biblioteca cerrada por falta de recursos, otra que funciona parcialmente y un establecimiento cuyo local fue destinado a un uso diferente. Son situaciones distintas que requieren explicaciones y responsabilidades específicas.
Azua: una biblioteca con miles de libros permanece cerrada
La biblioteca Jimena Fernández
Uno de los casos mencionados en la denuncia pública es el de la biblioteca Jimena Fernández, ubicada en un centro cultural de Azua perteneciente al Ministerio de Cultura.
Según declaró Julio César Morel a Diario Libre, el recinto cuenta con más de 5,000 volúmenes y permanece cerrado por falta de un bibliotecario que se encargue de su funcionamiento.
Diario Libre
El caso revela una contradicción que merece atención: una institución puede conservar su edificio y sus libros, pero dejar de cumplir su función pública por no disponer de personal que organice las colecciones, atienda a los usuarios y mantenga los servicios activos.
Los libros almacenados no producen el mismo beneficio social que los libros disponibles para los estudiantes y ciudadanos.
La situación obliga a determinar qué entidad debe financiar y contratar al personal, quién tiene a su cargo la conservación de las colecciones y qué medidas se han adoptado para reabrir el establecimiento.
También debe aclararse si existe un plan de recuperación, con presupuesto, responsables y fecha de ejecución.
Una biblioteca con miles de obras no debería permanecer inactiva indefinidamente sin que las autoridades expliquen las razones y las alternativas consideradas.
El Prado, en Azua: la controversia por una posible funeraria
Una comunidad que defendió su espacio cultural
Otro caso denunciado por Morel es el de la Biblioteca del Prado, en Azua, vinculada a un espacio que también funcionaba como club cultural comunitario.
De acuerdo con su testimonio, residentes del sector solicitaron que el inmueble se destinara a una funeraria, pero jóvenes de la comunidad se opusieron y comunicaron la situación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
Diario Libre
Este episodio plantea una discusión que no debe reducirse a una oposición automática entre cultura y servicios funerarios.
Las funerarias municipales pueden responder a una necesidad real de familias que no disponen de recursos para velar dignamente a sus seres queridos. Sin embargo, la existencia de esa necesidad no elimina la obligación de evaluar qué uso conviene dar a cada inmueble público ni justifica, por sí sola, la desaparición de un servicio educativo.
La pregunta que debe responder la alcaldía correspondiente es si se evaluaron otras instalaciones disponibles, si se consultó formalmente a los residentes, si hubo una decisión documentada y qué alternativas se consideraron para preservar la biblioteca.
También es necesario precisar el estado actual del local y si existe alguna resolución municipal que autorice un cambio de uso. La denuncia sobre un intento de transformación no equivale a demostrar que el cambio se haya ejecutado.
La comunidad, por su parte, tiene derecho a participar en las decisiones que afectan sus espacios culturales, especialmente cuando estos cumplen una función educativa y social.
La Ciudad Colonial: libros y estanterías sin lectores
La denuncia recogida por Diario Libre incluye otra biblioteca situada en instalaciones de la Alcaldía del Distrito Nacional, en la Ciudad Colonial.
Morel afirmó que el establecimiento permanecía cerrado y que todavía conservaba estanterías y libros. También señaló que había intentado conversar con la alcaldesa Carolina Mejía sobre la situación, sin conseguir una reunión.
Diario Libre
Este señalamiento debe ser contrastado con información actualizada del ayuntamiento para determinar si el recinto continúa cerrado, cuál es su dependencia administrativa y qué planes existen para su recuperación.
La cuestión de fondo es que un inmueble público destinado a la lectura no debería permanecer sin servicio durante períodos prolongados sin una explicación administrativa verificable.
Si dispone de libros, mobiliario e infraestructura, las autoridades deberían evaluar el costo de su reapertura, las condiciones de seguridad, la disponibilidad de personal y la demanda de los estudiantes y residentes de la zona.
La recuperación podría incluir servicios de consulta, actividades infantiles, clubes de lectura, acceso digital y apoyo a estudiantes, según las necesidades identificadas.
¿Por qué algunas bibliotecas terminan convertidas en almacenes o quedan abandonadas?
El deterioro de las bibliotecas municipales puede producirse por una combinación de factores que deben examinarse caso por caso.
Entre los problemas identificados en publicaciones y diagnósticos sobre el sector figuran los siguientes:
- Falta de personal especializado: bibliotecas con colecciones disponibles que no pueden prestar servicios por ausencia de bibliotecarios.
- Presupuestos insuficientes: recursos que no cubren adecuadamente mantenimiento, adquisición de libros, equipos y actividades educativas.
- Escasa planificación cultural: falta de programas permanentes para atraer lectores y convertir las bibliotecas en espacios activos.
- Cambios de uso de los inmuebles: locales culturales que pueden terminar destinados a depósitos, oficinas u otras funciones.
- Ausencia de seguimiento: falta de estadísticas actualizadas que permitan medir cierres, reaperturas, asistencia y calidad del servicio.
Un artículo publicado por AlMomento.net en 2023 ya advertía sobre bibliotecas municipales cerradas por falta de personal y otras utilizadas como almacenes para herramientas, documentos y objetos diversos.
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El diagnóstico de 2024 de la Dirección General del Libro y la Lectura y la ONE también recomendó recuperar las bibliotecas públicas inactivas, en particular las pertenecientes a los gobiernos locales.
Biblioteca Pública
Estos antecedentes indican que el problema merece una respuesta institucional sostenida y no solamente intervenciones ocasionales cuando una comunidad denuncia el cierre de su biblioteca.
La responsabilidad de las alcaldías debe medirse con documentos
Para establecer responsabilidades concretas, una investigación nacional debería solicitar información a las alcaldías, al Ministerio de Cultura, a la Dirección General del Libro y la Lectura, a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
La revisión debería concentrarse en cinco áreas:
1. Inventario nacional
Identificar cada biblioteca municipal, su ubicación, dependencia administrativa, horario y estado operativo.
2. Presupuesto y ejecución
Examinar las partidas aprobadas para cultura y bibliotecas, los gastos ejecutados y los recursos destinados a mantenimiento y personal.
3. Destino de las colecciones
Verificar dónde están los libros de las bibliotecas cerradas, quién los custodia y si se encuentran en condiciones de conservación adecuadas.
4. Decisiones sobre los inmuebles
Revisar actas, resoluciones, contratos y expedientes que autoricen cambios de uso de locales bibliotecarios.
5. Participación comunitaria
Consultar a estudiantes, profesores, juntas de vecinos y organizaciones culturales sobre las necesidades y propuestas de reapertura.
La publicación de los resultados permitiría diferenciar las alcaldías que mantienen servicios activos de aquellas que necesitan adoptar medidas correctivas. También ayudaría a establecer prioridades de inversión con base en las necesidades reales de cada comunidad.
¿Qué debería hacerse para recuperar las bibliotecas?
La recuperación de estos espacios no necesariamente requiere construir edificios nuevos en todos los municipios. En algunos casos, podría comenzar con la rehabilitación de locales existentes, la contratación o asignación de personal y la recuperación de colecciones.
Un plan nacional debería contemplar:
- Un censo actualizado, con información verificable de cada biblioteca pública y privada, su condición y los servicios que ofrece.
- Un programa de reapertura, con metas, responsables, presupuestos y plazos para las bibliotecas municipales inactivas.
- Personal capacitado, con funciones definidas para catalogación, atención al público, conservación y promoción de la lectura.
- Modernización tecnológica, mediante computadoras, conectividad y acceso a catálogos digitales.
- Programas comunitarios, como clubes de lectura, apoyo escolar, actividades infantiles y formación para jóvenes.
- Transparencia municipal, con publicación periódica de horarios, presupuesto, número de usuarios y estado de los inmuebles.
El Ministerio de Cultura y las entidades responsables de la red bibliotecaria deberían coordinar con las alcaldías para establecer estándares mínimos y acompañar los procesos de recuperación.
La participación de universidades, fundaciones, empresas y organizaciones comunitarias también podría contribuir, siempre que la colaboración no sustituya las responsabilidades públicas establecidas por la legislación.
Las preguntas que las autoridades deben responder
La crisis de las bibliotecas municipales exige explicaciones documentadas, no solamente declaraciones generales sobre la importancia de la educación.
- ¿Cuántas bibliotecas municipales están realmente abiertas en octubre de 2026?
- ¿Cuáles de las aproximadamente 60 que se reportan cerradas desde 2009 han sido reabiertas?
- ¿Qué ayuntamientos mantienen bibliotecas sin personal o con servicios suspendidos?
- ¿Qué inmuebles destinados a la lectura han sido convertidos en almacenes, oficinas u otros establecimientos?
- ¿En qué casos se ha propuesto instalar funerarias en antiguas bibliotecas y cuáles fueron las decisiones finales?
- ¿Qué presupuestos se han aprobado y ejecutado para cumplir las obligaciones de la Ley 502-08?
- ¿Qué medidas adoptarán las instituciones responsables para actualizar el registro nacional y recuperar los espacios inactivos?
Estas preguntas no presuponen que todas las alcaldías actúen de la misma manera. Buscan establecer, con pruebas, qué ocurre en cada municipio y qué autoridades deben responder por las decisiones adoptadas.
Conclusión: cerrar una biblioteca significa reducir oportunidades
La desaparición de una biblioteca municipal no se mide únicamente por las puertas cerradas o los libros que quedan en una estantería. También se mide por las oportunidades de aprendizaje que pierde una comunidad, por los estudiantes que dejan de disponer de un lugar para investigar y por las familias que ven desaparecer un servicio cultural gratuito.
Los datos disponibles revelan una problemática que requiere atención: la cifra denunciada de alrededor de 60 cierres desde 2009, la antigüedad del registro nacional y los diagnósticos que señalan falta de personal, recursos e interés institucional.
La posible transformación de bibliotecas en funerarias añade una controversia que debe investigarse individualmente, con documentos y versiones de las autoridades involucradas. No se trata de enfrentar dos servicios comunitarios necesarios, sino de determinar si las decisiones sobre el patrimonio público se adoptan con planificación, transparencia y participación ciudadana.
La pregunta que queda abierta para los gobiernos municipales dominicanos es sencilla: ¿qué están haciendo para garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a la lectura y al conocimiento?
La respuesta debería encontrarse en presupuestos públicos, bibliotecas abiertas, personal asignado, libros disponibles y programas que mantengan vivos estos espacios.
Porque una biblioteca municipal no es un local sobrante ni un simple depósito de libros. Es parte de la infraestructura educativa y cultural de una comunidad, y su recuperación debe convertirse en una responsabilidad verificable de las autoridades.
