«Arrendadores al borde del colapso: inquilinos amparados, propietarios desamparados»

En República Dominicana, el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la vivienda y la protección del patrimonio privado vuelve a encenderse. La Ley de Alquileres vigente, que busca evitar desalojos arbitrarios y proteger a los inquilinos más vulnerables, ha generado efectos colaterales graves para miles de pequeños propietarios.

«Mi única fuente de ingreso son dos apartamentos alquilados, pero tengo casi un año sin recibir un centavo. No puedo desalojar y tampoco pagar el préstamo con el que construí esas viviendas», denuncia Ana López, una viuda de 63 años que vive en Santo Domingo Este.

El proceso judicial para el desalojo por falta de pago puede tardar entre 6 y 18 meses, dependiendo de la saturación de los tribunales. Mientras tanto, el arrendador debe asumir los costos de mantenimiento, agua, electricidad común, y en muchos casos, deudas bancarias. En ciudades como Santiago, más del 40% de las viviendas alquiladas pertenecen a personas de clase media o envejecientes que dependen directamente de ese ingreso para sobrevivir.

La situación se agrava por la falta de una política pública clara que atienda ambas realidades. El Estado protege al inquilino moroso, pero deja al propietario atrapado en un limbo legal y financiero.

Expertos del sector inmobiliario y juristas han empezado a proponer reformas que incluyan seguros de arrendamiento, procesos de mediación más ágiles y una base de datos de morosidad. La meta: garantizar el derecho a la vivienda sin sacrificar la sostenibilidad del mercado de alquiler.