Acciones contra la corrupción llevan a cárcel a funcionarios, un procurador y altos mandos militares

Por Víctor Núñez

Cinco grandes casos de corrupción administrativa colocan la Pepca en epicentro de la justicia dominicana. Se estima un desfalco al erario público de RD$15,000 millones

SANTO DOMINGO, 7 de abril, 2022 (ADPRESS). –Tras el descrédito que se adjudicó la justicia dominicana con el “no ha lugar” que falló a favor del senador de San Juan, Félix Bautista, que dictó el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, en marzo de 2015, la Justicia no se había involucrado en casos de ataque frontal contra la corrupción administrativa.

Félix Bautista no irá a juicio de fondo, titularon algunos periódicos al conocerse la decisión del juez Moscoso Segarra, quien dejó en libertad a un hombre acusado de malversar unos 27 mil millones de pesos al Estado dominicano. Lo hizo porque no encontró méritos suficientes para dictarle prisión preventiva junto a otros seis coimputados y enviarlos a juicio de fondo e incautar bienes muebles e inmuebles.

El Ministerio Público le imputó a Bautista haber conformado una red societaria junto a Soraida Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler, a través de la cual habrían cometido una estafa millonaria contra el Estado dominicano, mientras el hoy senador dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Caso Odebrecht

Luego, en 2016, surgió el caso Odebrecht, uno de los que envuelve la estafa más grande a varios países en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años.

Estuvo basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht.

En esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Con la divulgación de la investigación, iniciaron las indagatorias en República Dominicana, encabezada por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

La constructora reveló que repartió sobornos por US$788 millones, entre 2001 y 2016, para recibir adjudicaciones en más de 100 proyectos distribuidos en los 12 países citados, incluidos del continente africano.

En la República Dominicana, Odebrecht admitió que entre 2001 y 2014 pagó US$92 millones a congresistas y funcionarios para conseguir contratos de 17 obras.

El 26 de diciembre de 2016, el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció el inicio formal de las indagatorias y dos días después, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó sobre la recepción de documentos de los contratos con Odebrecht.

La lista de los interrogados incluyó a Ángel Rondón, Radhamés Segura, Freddy Pérez, Roberto Rodríguez, Mariano Germán, Alberto Holguín, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez y Andrés Bautista.

Además, Jesús (Chu) Vásquez, Alfredo Pacheco, Frank Rodríguez, Rafael Suero, Leonardo Guzmán, Conrado Pittaluga, Reinaldo Pared Pérez (fallecido), Tommy Galán y Cristina Lizardo.

También, Julio César Valentín, Larry Shell y Henry Marquard (de la empresa Stanley Consultants), Abel Martínez, Ramón Alburquerque, Ruddy González y Vicente Bengoa.

El 18 enero de 2017, la Procuraduría allanó la oficina de Odebrecht en el Distrito Nacional y secuestró unas 25 cajas de documentos y equipos electrónicos.

Tras cinco años de debates en los tribunales, el 14 de octubre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable al empresario Ángel Rondón, exrepresentante de la empresa brasileña Odebrecht en el país y a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, por el delito de soborno y lavado de activos.

El tribunal absolvió a los otros cuatro imputados por los US$92 millones en sobornos que pagó la constructora por la adjudicación de contratos de obras.

Rondón fue condenado a ocho años de cárcel y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, equivalente a unos US$ 73.000.

Mientras, Díaz Rúa fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos. Ninguno guarda prisión porque las juezas determinaron que no representan peligro de fuga, y en ese sentido, no variaron la medida de coerción establecida por Moscoso Segarra.

En tanto, fueron absueltos el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el congresista Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). En estos casos el tribunal determinó que no incurrieron en el delito de soborno.

El caso aún sigue en los tribunales

La Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene en su poder dos recursos de apelación interpuestos por dos implicados en el caso de Odebrecht y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Se trata de los recursos presentados por el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, condenados a ocho y cinco años, respectivamente, mientras que la PEPCA apeló la condena impuesta a Díaz Rúa, para solicitar que le sea elevada a diez años, y pide que Conrado Pittaluga, quien fue descargado, sea condenado a siete años de cárcel.

Allanamientos del MP y la responsabilidad de la PEPCA

La cantidad de allanamientos y arrestos realizados por el Ministerio Público para desmantelar presuntas redes de corrupción ha representado una gran responsabilidad para la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Se trata de la dependencia de la Procuraduría General de la República que se ocupa de apoderar a los tribunales de este tipo de casos.

En esta nueva temporada, bajo la dirección de la procuradora general, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público ha judicializado cinco grandes expedientes sobre presuntos actos de corrupción administrativa, desmantelados mediante operaciones realizadas a finales de 2020 y en el 2021. Los procesos penales están todavía en fase de Instrucción, todos con medida de coerción.

Pero la PEPCA, que dirige el procurador adjunto Wilson Camacho, e integran un grupo de fiscales, no trabaja sola ni aislada, sino que va de la mano con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a cuya unidad está adscrita, dirigida por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y siguiendo las directrices de la procuradora general Germán Brito.

Cinco grandes casos

Son casos complejos, con implicaciones nunca vistas en el país, dada la multiplicidad de los delitos, el elevado número de imputados y las funciones públicas que desempeñaban, cuya responsabilidad penal corresponde determinar a los jueces, en base a las pruebas que presente el órgano acusador.

Como cabeza de esos presuntos entramados de corrupción han sido señalados, en primer lugar, Alexis Medina, un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina (Operación  Antipulpo); Adam Cáceres Silvestre, el jefe de seguridad del exmandatario (Caso Coral); el exdirector de la Lotería Nacional en el actual gobierno de Luis Abinader, Luis Maisichell Dicent (Operación 13); el exprocurador Jean Alain Rodríguez (Caso Medusa), y en el más reciente, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou (caso Coral 5G).

Asimismo, la PEPCA ha sido apoderada de denuncias sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios del presente gobierno, los que se encuentran en fase de investigación.

Para citar algunos, están las presuntas irregularidades en el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), por lo cual su director, Adán Peguero, fue suspendido del cargo; en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que motivó la destitución de su director Cecilio Rodríguez, y en el Ministerio de la Juventud, cuyas irregularidades fueron denunciadas por el destituido consultor jurídico, José Manuel Vidal Tejada, en contra de la ministra, Luz del Alba Jiménez, quien fue destituida.