Jueza Fátima Veloz actuó conforme a la ley en el caso Jet Set, pese a presiones y cuestionamientos de la familia Espaillat

SANTO DOMINGO – En medio del agitado proceso judicial derivado del trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos en abril pasado, la jueza Fátima Veloz, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido blanco de críticas y cuestionamientos por parte de la influyente familia Espaillat. Sin embargo, múltiples juristas y analistas legales coinciden en que su actuación se ha mantenido dentro del marco de la ley, guiada por el debido proceso y el equilibrio judicial, pese a la presión pública y política que rodea el caso.

Un proceso bajo fuego mediático y familiar

Desde que se conoció la medida de coerción contra los imputados Maribel y Antonio Espaillat –accionistas y directivos del establecimiento colapsado–, los representantes legales de la familia han manifestado su desacuerdo con las decisiones de la jueza Veloz, acusándola públicamente de “extralimitarse” y de “ceder a presiones externas”. Incluso, un comunicado difundido por los abogados de la familia aseguraba que “se ha violentado el principio de presunción de inocencia” y que “la magistrada ha incurrido en juicios de valor que no corresponden a esta etapa procesal”.

No obstante, el análisis técnico de la resolución emitida por la jueza muestra lo contrario.

Las bases legales de la decisión judicial

La resolución de más de 60 páginas, dictada el pasado 14 de junio, detalla de manera meticulosa los indicios presentados por el Ministerio Público, incluyendo informes estructurales, declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad y comunicaciones internas que evidenciarían conocimiento previo de fallas críticas en la estructura del local, así como omisiones administrativas al no realizar evacuaciones ni advertencias a los usuarios.

La jueza Veloz, al dictar prisión preventiva contra los dos principales imputados y arresto domiciliario contra otros cuatro empleados operativos, sustentó su decisión en el artículo 226 del Código Procesal Penal, que establece los criterios para imponer medidas coercitivas en función del riesgo de fuga, la posible obstrucción de la investigación y la gravedad del hecho imputado.

Expertos respaldan la actuación judicial

Diversas voces del ámbito jurídico han respaldado el manejo del caso por parte de la jueza. El jurista Cristóbal Rodríguez Gómez afirmó que “la resolución de la magistrada está sólidamente fundamentada en pruebas indiciarias y en criterios técnicos aceptados, como la necesidad de garantizar la integridad del proceso”.

Por su parte, la exfiscal Yeni Berenice Reynoso, hoy directora de persecución del Ministerio Público, expresó: “La independencia judicial implica no ceder ni a las presiones de las víctimas ni a los privilegios de los acusados. La jueza Veloz ha demostrado respeto por el debido proceso y por la verdad judicial, sin temor a represalias”.

Presión social vs. objetividad judicial

La familia Espaillat, con conexiones empresariales y políticas de alto nivel, ha emprendido una estrategia pública que incluye comunicados, conferencias de prensa y recursos judiciales paralelos para recusar a la jueza y cuestionar su imparcialidad. A través de sus abogados, ha denunciado lo que consideran una “campaña de linchamiento moral” y han insinuado que la magistrada habría sido influenciada por la presión mediática y la opinión pública que exige justicia por las 236 vidas perdidas.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las recusaciones ha prosperado. El Consejo del Poder Judicial ha reiterado que la jueza cuenta con una trayectoria intachable de más de 18 años en el sistema judicial, y que no existen elementos que justifiquen su apartamiento del caso.

El perfil de la jueza Fátima Veloz

Formada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con estudios en derecho penal y procesal en Argentina y España, Fátima Veloz ha sido reconocida por organismos como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el PNUD por su compromiso con la justicia restaurativa y su defensa del acceso igualitario a la justicia. Ha manejado casos complejos como el escándalo de La Victoria y procesos de lavado de activos relacionados con narcotráfico, siempre bajo los reflectores, pero sin ceder protagonismo.

En este caso, ha mantenido un tono firme pero sereno en audiencia, evitando confrontaciones y centrando sus intervenciones en lo estrictamente jurídico.

El juicio aún no ha comenzado

Es importante recordar que las decisiones actuales forman parte de la etapa preliminar del proceso. La medida de coerción no implica culpabilidad, sino una garantía para que la investigación pueda realizarse sin interferencias. Aún falta por celebrarse la audiencia preliminar y, eventualmente, el juicio de fondo, donde se determinará la responsabilidad penal –o no– de los acusados.

Mientras tanto, el país observa con atención uno de los procesos más sensibles y mediáticos de los últimos años, en el que confluyen tragedia humana, intereses económicos, poder político y una justicia que, hasta ahora, ha preferido ceñirse al expediente antes que al ruido externo.