Comisión del Congreso de Perú recomienda evaluar destitución de la presidenta Dina Boluarte

Una comisión del Congreso de la República del Perú recomendó este viernes al pleno del Parlamento evaluar la posible destitución de la presidenta Dina Boluarte, en medio de una creciente controversia por presuntas irregularidades en el ejercicio de su mandato.

La recomendación fue emitida por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la cual concluyó un informe en el que se señala a la mandataria por presunta infracción constitucional, tras el escándalo conocido como el “caso Rolex”, en el que se investiga la posesión no declarada de relojes de lujo y bienes de alto valor.

El informe, que aún debe ser debatido y aprobado por el pleno del Congreso, sugiere que Boluarte habría vulnerado los principios de transparencia y probidad establecidos en la Constitución. De acuerdo con el documento, la jefa de Estado no habría justificado adecuadamente el origen de dichos objetos de lujo, lo que ha levantado sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito u omisión de información en su declaración jurada de bienes.

“La comisión ha determinado indicios razonables de faltas graves cometidas por la señora presidenta de la República”, señaló el congresista Héctor Ventura, presidente del grupo parlamentario encargado de la investigación. “Corresponde ahora al pleno tomar una decisión sobre la posible vacancia por permanente incapacidad moral”, agregó.

El Ejecutivo ha respondido con cautela. Desde Palacio de Gobierno, voceros oficiales afirmaron que la presidenta Boluarte se someterá al proceso institucional y que confía en la legalidad de sus actos. Asimismo, aseguraron que las acusaciones carecen de sustento jurídico y obedecen a intereses políticos.

El escenario político se torna cada vez más incierto. De avanzar el informe y ser aprobado por mayoría calificada en el Congreso, se abriría la puerta a una moción de vacancia presidencial, un mecanismo que ya ha sido utilizado en años recientes contra otros mandatarios peruanos.

Analistas coinciden en que la recomendación de la comisión representa un golpe político significativo para Boluarte, cuya gestión ya enfrenta altos niveles de desaprobación ciudadana, protestas sociales en diversas regiones del país y cuestionamientos por el uso de la fuerza pública durante manifestaciones ocurridas a inicios de su gobierno.

Mientras tanto, sectores de oposición y diversas organizaciones civiles han intensificado sus llamados a una salida institucional de la crisis, pidiendo adelanto de elecciones o una transición pactada. Sin embargo, la presidenta continúa aferrada al cargo y reiteró recientemente su intención de culminar su mandato en julio de 2026.

El debate parlamentario sobre el informe de la comisión se espera para la próxima semana y podría marcar un punto de inflexión en el frágil equilibrio político que vive el Perú.