República Dominicana y OEA encienden la alarma regional: Inician mesas técnicas para frenar el tráfico ilegal de armas en Centroamérica

En una firme demostración de voluntad política y cooperación internacional, las autoridades de la República Dominicana, en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA), dieron inicio a las mesas técnicas de trabajo correspondientes al plan de acción de la Hoja de Ruta para Centroamérica y República Dominicana, orientado a prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos en la región.

Este mecanismo de diálogo técnico y estratégico surge como consecuencia del acuerdo firmado en Washington, Estados Unidos, por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto a altas autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad regional a través de un enfoque preventivo y coordinado, que atienda las causas estructurales de este fenómeno transnacional.

Las mesas técnicas permitirán establecer protocolos conjuntos, marcos regulatorios actualizados y mecanismos de cooperación que faciliten la intercambio de información, la trazabilidad de armas y la mejora en los controles fronterizos, en sintonía con los estándares internacionales sobre el comercio y el uso responsable de armamento.

“Estamos comprometidos con una región más segura, donde las armas no sigan alimentando la violencia ni comprometiendo nuestras democracias. Esta hoja de ruta es un paso esencial hacia ese objetivo”, expresó Raful durante la apertura del diálogo técnico.

La República Dominicana se posiciona así como actor clave en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de armamento en Centroamérica, una región históricamente golpeada por la violencia vinculada al uso indiscriminado de armas ilegales. Esta cooperación técnica con la OEA busca integrar políticas públicas regionales, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, e involucrar a la sociedad civil en un esfuerzo sostenido y conjunto.

La implementación de la hoja de ruta no solo responde a una necesidad regional, sino también al llamado global por el control de armas ilegales que alimentan conflictos, afectan a poblaciones vulnerables y debilitan el Estado de derecho.

Con estas acciones, el país reafirma su compromiso con la paz, la seguridad humana y la diplomacia multilateral, consolidándose como referente en la construcción de soluciones compartidas frente a los desafíos del crimen transnacional.